¿Aborto legal para bajar la mortalidad materna?

Los abortistas se agarran a cuanto pueden para justificar tal crimen, a pesar de que sus pretendidas agarraderas no sólo no lo son, sino que la ciencia las derriba fácil y constantemente. Justificar el aborto para disminuir la mortalidad materna es una más de esas mentiras cochinas que emplean. En este documentado artículo cae por los datos científicos incuestionables.

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Loudon estudió la mortalidad materna de 70 años (1880-1950) de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Escocia, Inglaterra, Gales, Suecia, Países Bajos, Noruega y Dinamarca. E identificó que todos pasaron por tres períodos históricos: 1) de 1880 a 1900, cuando reconocieron el problema, eliminaron las causas directas y desarrollaron cuidados obstétricos profesionales y accesibles; 2) de 1900 a 1935-1937, en el que mejoraron la calidad de los cuidados e implementaron estudios de vigilancia; y 3) de 1935-1937 a 1950, cuando se afianzaron los logros alcanzados. Cuando estos países ejemplares comenzaron a legalizar el aborto, desde fines de los 60, llevaban 20 o 30 años de cifras muy parecidas a las de hoy. La serie histórica de Loudon demostró claramente que el 75% de reducción de mortalidad, en promedio 46 puntos, aconteció antes de 1950, aplicando acciones sanitarias y sin cambiar el estatus legal del aborto que se mantuvo penalizado. Luego de 1990, esos Estados ya con aborto legal, poseen una mortalidad que ronda el 25% de los valores de 1880, habiendo decrecido en apenas 1,55 puntos promedio.

En países de Europa oriental, otrora socialistas, que legalizaron el aborto en la década del 50, el análisis de 55 años de estadísticas (1960-2015) expone que en la Unión Soviética el aborto se contabilizó por millones. En 1965 ese país registró 8.551.351 abortos, a razón de dos abortos por cada nacido. Sin embargo, en todos esos países el número de aborto comenzó a disminuir a partir de 1990 sin que mediara algún cambio del estatus legal; salvo Polonia, que ha intercalado liberalizaciones y restricciones. En Rusia el aborto descendió de 206 cada 100 nacidos vivos (1990) a 43 (2015). En Bielorrusia, con leyes muy liberales, las curvas de descenso de mortalidad y aborto no son correlativas una con otras. En Polonia, los abortos bajaron de 10,8 (1990) a 0,04 (2000) para luego ascender en 2014; y, no obstante, la curva de mortalidad materna sigue en descenso.

Países como Irlanda, Malta, Nueva Zelanda, Kuwait y algunos estados de Australia, sin haber despenalizado el aborto, presentan un descenso sostenido de mortalidad que en 2015 promedió 8,9 puntos, lo que los coloca a la par de aquellos con baja mortalidad y aborto legal.

En la región, Chile disminuyó la mortalidad 40 puntos entre 1980 y 2015 sin despenalizar, y la modificación de la causal “aborto terapéutico” no cambió la curva decreciente. También Uruguay redujo la mortalidad en 30 puntos entre 2001 y 2011, período precedente a la despenalización de 2012.

Como se ve, la condición legal del aborto no presenta relación causal con la mortalidad materna, entendiéndose como causa a que un evento sea el resultado de la ocurrencia de otro evento. Tampoco parecería ser correlación, pues la bibliografía revisada no reporta el número que describe el tamaño y la dirección de la relación entre mortalidad y estatus legal.

En cambio, sí está demostrado que la mortalidad baja con la profesionalización y el acceso de la atención del embarazo, parto y puerperio; con la precisión de datos; la inversión en educación de la mujer; el acceso al agua potable y alcantarillado; el control de la tasa de fecundidad y la disminución de la violencia contra la mujer. Esto debemos resolverlo en un contexto en que, según el Banco Mundial, mientras los países europeos a quien nos queremos parecer incrementaron su gasto en salud en un 25% del PBI entre 1994 y 2014, la Argentina desinvirtió el 42 por ciento.

La misma OMS reconoce que la mortalidad materna en el mundo entero está en descenso y no somos la excepción. Por eso, exhorto a los tomadores de decisiones a profundizar los aciertos, y corregir las políticas sanitarias, educativas, de saneamiento y reducción de pobreza. No existe sustento científico para pensar que el cambio del texto de una ley sea el “abracadabra” que evite la muerte de al menos una mujer embarazada.

El autor es magíster en Ética Biomédica, especialista en Medicina Crítica, investigador y docente del Instituto de Bioética de la Universidad Católica

 

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